Las demandas judiciales a los especialistas en otorrinolaringología (ORL) han aumentado un 70% en el último año, según un informe de Uniteco Profesional, correduría de seguros especializada en el sector sanitario, presente en el congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (SEORL-PCF). Las intervenciones más reclamadas por los pacientes tienen relación con las terapias intervencionistas, en las que se necesita cirugía, y especialmente por aquellas relacionadas con las técnicas en las que se exigen un resultado estético.

 

Este aumento en las reclamaciones supera el de la media del resto de especialidades médicas que, según la previsión de Uniteco Profesional, 2013 igualará la cifra de demandas de responsabilidad civil de 2012, por lo que la tendencia creciente experimentada desde 2007 tiende a estabilizarse en este año.

 

A pesar de que el consentimiento informado que firman los pacientes detalla que pueden existir complicaciones en una intervención, “algunos pacientes llegan a la vía judicial al no entender que los resultados no siempre se pueden garantizar dado que cada caso es diferente y se pueden dar complicaciones”, explica Juan Pablo Núñez, director de Planificación y Desarrollo de Uniteco Profesional. Esto se acentúa en intervenciones estéticas, como rinoplastia y otoplastia, en las que el resultado no es siempre el que le gustaría al paciente, sino el que es posible realizar.

 

Otra causa de reclamación es “haber encontrado otro procedimiento diagnóstico o terapia en Internet que el especialista no les haya presentado, aunque no tenga validez científica o se esté ensayando aún”, añade por su parte el profesor Luis María Gil-Carcedo, presidente de la SEORL-PCF. Es el llamado efecto “Doctor Google”.

 

Información adecuada a los pacientes

Los facultativos, explica este experto, “estamos cada vez más habituados a que los pacientes nos consulten sobre informaciones que encuentran en la red. Nuestro objetivo debe ser proporcionar la información adecuada a esos pacientes para que puedan participar en la toma de decisiones sobre su propio tratamiento”. De ese modo, asegura, “se involucrarán más en él y entenderán mejor los riesgos y los beneficios”.

 

En una época en la que disponemos de la historia clínica informatizada, el  consentimiento informado cobra un valor añadido si cabe, apunta el informe, ya que ofrece una información detallada y disponible. Es necesario que el consentimiento esté digitalizado y la firma tenga validez legal”.